Origen Histórico del Proceso

Durante el período paleolítico, los hombres primitivos resolvían sus conflictos mediante la confrontación física directa contra quien les hubiera causado una ofensa o agravio. Esta práctica, lejos de extinguirse en aquella época, pervive en la actualidad bajo la forma de venganzas privadas que a menudo son noticia, demostrando así que el instinto de la "justicia por mano propia" aún persiste. Estos hechos constituyen una manifestación de lo que denominamos acción directa; es decir, aquellos actos en los que el ser humano resuelve sus disputas mediante el uso exclusivo de la fuerza. Si el ser humano hubiera continuado con la acción directa de manera indefinida, lo más probable es que nuestra especie se habría autodestruido. Para evitar este desenlace, los hombres primitivos comenzaron a agruparse en tribus y clanes, donde la supervivencia del grupo primaba sobre la venganza individual.

En estas nuevas organizaciones sociales, se buscó resolver las disputas delegando la decisión en un tercero ajeno al conflicto. Inicialmente, este tercero era el hombre más fuerte del grupo, cuya autoridad residía en su capacidad coercitiva. Con el tiempo, esta figura fue adquiriendo un carácter mítico o divino; así, la resolución de conflictos pasó a ser potestad de los brujos, curanderos o hechiceros, quienes eran considerados los más idóneos por su conexión con lo sobrenatural. Posteriormente, varios grupos dejaron de estimar lo sobrenatural como fuente de autoridad y comenzaron a valorar la experiencia. De esta forma, la potestad de juzgar recayó en los ancianos de la comunidad. Con el crecimiento de los grupos, el poder político se concentró y, con él, la facultad de administrar justicia. Esta función fue entonces asumida por soberanos, reyes o monarcas. Un claro ejemplo bíblico de esto es el juicio del Rey Salomón, quien resolvió la disputa entre dos mujeres sobre la maternidad de un niño.

Durante la Edad Media, surge la figura del señor feudal, quien ejercía un poder absoluto sobre sus tierras, incluyendo la administración de justicia. Hacia el final de este período, se produjo un cambio crucial: la función de juzgar comenzó a delegarse en grupos o estamentos especializados, lo que constituye el antecedente directo del moderno servicio estatal de justicia. Es precisamente en esta época donde los grupos humanos empiezan a variar su exigencia respecto al sentido de justicia. La razón era simple: un mismo juez solucionaba conflictos similares de manera distinta, generando inseguridad y malestar. Es así como comienza a gestarse una lucha entre dos valores fundamentales: la justicia y la certeza.

Para entender el desenlace de esta lucha, debemos remontarnos a la Francia revolucionaria de 1789. La desconfianza social, alimentada por la corrupción de los parlamentos del antiguo régimen, produjo su abolición y provocó la creación de una nueva institución encargada del servicio de justicia. Es en este punto de la historia donde se exige, por primera vez con claridad, que las decisiones judiciales estén sustentadas en una norma jurídica previa. El juez ya no podía crear derecho; debía limitarse a aplicarlo.

En este contexto histórico cobra plena sentido la afirmación del procesalista peruano Juan Monroy Gálvez: "El valor justicia está representado por el juez… El valor certeza está representado por el legislador". Esto significa que el juez es la persona encargada de resolver cada caso concreto buscando la solución más justa. Para ello debe analizar los hechos, valorar las pruebas e interpretar la ley de manera que se adapte a la situación particular. En otras palabras, el juez humaniza el derecho.

 A manera de ejemplo: la ley dice: "El inquilino que no pague tres meses será desalojado" (regla general). El juez, al ver el caso, descubre que el inquilino no pagó porque estuvo hospitalizado cuatro meses y perdió su trabajo. El juez puede, dependiendo del caso, darle un plazo extra, buscar un acuerdo o dictar una sentencia que, sin ignorar la ley, considere esa situación de salud. Ahí está aplicando justicia.

El legislador, en cambio, tiene la función de crear leyes bajo márgenes claros, fijos y predecibles que todos conozcan de antemano. La certeza significa que cada ciudadano sepa a qué atenerse antes de actuar.

A manera de ejemplo: el legislador establece: "La mayoría de edad se obtiene a los 18 años" (regla cierta y general). Esto da certeza a todos: un juez no puede decidir que, en un caso particular, la mayoría de edad sea a los 16 porque le "parece más justo". La certeza impide que la justicia del juez se vuelva arbitraria.

Esta pugna entre los dos valores ha tenido un claro vencedor en nuestras sociedades modernas: el legislador ha terminado por imponerse. La sociedad contemporánea, y especialmente la sociedad capitalista, ha preferido la certeza a la justicia. Esto ocurre ya que la certeza permite calcular, planificar y negociar. Permite que los contratos se firmen sabiendo de antemano qué pasará si se incumplen. Permite que las empresas inviertan con la seguridad de que las reglas del juego no cambiarán según el humor del juez de turno. La certeza es la base del mercado. La justicia, en cambio, es impredecible. Depende del caso concreto, de las circunstancias personales, de la sensibilidad del juez. Su naturaleza es singular. Y eso, para un sistema que necesita estandarización y previsibilidad, resulta incómodo.

Sin embargo, esta victoria del legislador tiene un costo elevado. Al privilegiar la certeza sobre la justicia, nuestro sistema jurídico corre el riesgo de convertirse en un mero mecanismo que aplica reglas generales sin tener en cuenta a la persona que tiene frente a sí. El juez queda reducido a un simple aplicador de la ley y pierde esa capacidad de humanizar el derecho. Como advierte Monroy Gálvez: "… el Derecho es finalmente una manifestación de las relaciones sociales de producción y consumo al interior de una sociedad determinada. No debe parecer extraño que su actuación sirva para consolidar el sistema social que lo define y explica, sin que sea relevante apreciar o valorar cuánto tiene de injusto".

En síntesis, la necesidad de superar la destructiva acción directa impulsó al ser humano a organizarse socialmente y a delegar la resolución de conflictos en un tercero. Esta función, que inicialmente recayó en figuras de autoridad como el más fuerte, el hechicero o el anciano, terminó por concentrarse en el rey o soberano. Sin embargo, el crecimiento demográfico, los abusos de poder y la exigencia social de decisiones predecibles hicieron inevitable que la función de juzgar se institucionalizara y se sometiera a la ley. La Revolución Francesa selló este proceso: el juez dejó de ser creador de derecho para convertirse en un aplicador de la ley. Hoy, en nuestras sociedades capitalistas, el legislador ha vencido al juez. Pero esta victoria, como todo triunfo unipolar, encierra una advertencia: un derecho que privilegia la certeza sobre la justicia corre el riesgo de ser técnicamente perfecto, pero humanamente ciego. El desafío del jurista moderno es recordar que, detrás de cada norma general, hay un ser humano concreto esperando una solución justa.

 

 Monroy Galvez, J. (2021). Teoría General del Proceso. Lima: COMMUNITAS.